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¿Es tan difícil abrir un negocio en España?

Para poner en marcha una empresa hacen falta 12 días y 7 procedimientos en territorio nacional, mientras que en Nueva Zelanda son necesarias solo 12 horas

La última edición del informe Doing Business del Banco Mundial deja un margen escaso de alegría para los autónomos españoles. Las jornadas y trámites necesarios para emprender han descendido en los últimos años, pero mantienen a España en un discreto puesto 86 de los 190 países analizados. Eso influye en el dinamismo de la economía nacional, ya que el alrededor del 95% de las empresas que la sustentan tienen menos de nueve trabajadores.

Hoy son necesarios 12,5 días y 7 procedimientos para que un negocio eche a andar en territorio español, cifras que pueden parecer excelentes comparadas con las 138 jornadas que había que esperar en 2003. Pero esos datos palidecen frente a las 12 horas que le cuesta a un emprendedor neocelandés empezar a funcionar o el día y medio que tiene que esperar un canadiense.

Las jornadas y trámites necesarios para emprender han descendido en los últimos años, pero mantienen a España en un discreto puesto 86 de los 190 países analizados

¿Por qué en España hay que esperar y tramitar más para crear un negocio? La gestora y asesora fiscal Mercedes L. Arcis, de la empresa Soluzzion, considera que la apertura de un local al público es lo que realmente retrasa y complica cualquier proyecto: “Lleva demasiado tiempo y exigencias de distintas administraciones locales a nivel de seguridad, sanidad, accesibilidad”.

La solución lógica a esta problemática es la creación de una ventanilla única que permita al emprendedor satisfacer todos los requisitos exigidos por distintas capas de la Administración, pero eso requiere una coordinación a menudo inexistente. Por ello el 61,1% de los expertos consultados en el informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM) 2017-2018 coinciden en que el exceso de trámites supone la principal dificultad en la creación de empresas en España. Y estas condiciones desaniman a personas interesadas en convertirse en profesionales autónomos.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) hizo público un documento con propuestas de cara a las elecciones generales de 2019 cuyo argumentario incluía la aplicación del principio “pensar primero en pequeña escala”, que implica mejorar la regulación a todos los niveles para que las pymes puedan crearse con las mínimas trabas administrativas posibles. También apelaba a la instauración de la regla de “una única vez”, para evitar que distintos agentes administrativos pidan a emprendedores información que ya tienen.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa hizo pública su propuesta de mejorar la regulación para que las pymes puedan abrirse con las mínimas trabas administrativas

Para que ambos principios puedan aplicarse es imprescindible la mejora en la digitalización de la relación de ciudadanos y empresas con el Estado, algo en lo que España lleva trabajando desde octubre de 2016 con la entrada en vigor de dos leyes específicas. “Internet ha supuesto un avance espectacular, a pesar de que la Administración no está siendo todo lo rápida que sería deseable, sobre todo la Seguridad Social”, apunta la experta de Soluzzion.

De hecho, el Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España ya indicaba en su edición de 2017 que más del 85% de las pymes, micropymes y autónomos encuestados consideraban probable o muy probable invertir recursos en digitalización, precisamente para mejorar su relación con las instituciones públicas. El objetivo es ahorrar tiempo y dinero a la hora de cumplir con las exigencias administrativas, sin incurrir en riesgo de sanciones.

La ley de Reformas urgentes del Trabajo Autónomo aprobada en octubre de 2017 introdujo varias mejoras para los profesionales por cuenta propia, entre ellas la reducción de la carga administrativa de quienes trabajen a la vez para otros y para sí mismos. Como consecuencia, Seguridad Social devuelve ahora de oficio el exceso de cotización por ambos empleos. Hasta la aprobación de esa normativa eran los profesionales en esta situación los que debían solicitarla y demostrar la validez de su petición.

La ley de Reformas urgentes del Trabajo Autónomo de 2017 introdujo la reducción de la carga administrativa de quienes trabajen a la vez para otros y para sí mismos

Facilitar esa fórmula mixta supone atender mejor a las dinámicas cambiantes de una realidad laboral cada vez más flexible y permitir que cualquier persona pueda poner en marcha proyectos propios. De los más de 3,2 millones de registrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, casi dos millones lo son como persona física y los restantes como societarios.

Un entorno amable para el emprendimiento permite que un profesional independiente haga evolucionar su proyecto desde una actividad individual a empezar a generar empleo. De hecho, uno de cada cinco trabajadores que ejerce como autónomo en régimen de persona física tiene al menos a un trabajador a su cargo. Para mejorar estas cifras y seguir combatiendo el desempleo, la reducción de las cargas burocráticas es esencial.